América del Sur vive un momento político-social muy inquietante, de fuerte polarización en diferentes países y de crisis del pluralismo político. Aunque el espectro regional es amplio, quiero referirme aquí a aquellos dos países que más expectativas políticas transformadoras concitaron desde las llamadas izquierdas progresistas latinoamericanas en la última década: Bolivia y Ecuador. La razón de ello es que en el último mes asistimos a dos hechos elocuentes que ponen de relieve la amenaza y cercenamiento de libertades políticas en ambos países. 

Bolivia y Ecuador (y, en menor medida, por su carácter siempre controversial, Venezuela) lideraron el ranking de los gobiernos de izquierda en la región, cuyo correlato fue un proceso de innovación social e institucional, protagonizados por organizaciones indígenas y movimientos sociales. Así, a través de la Asamblea Constituyente el gobierno de Evo Morales estableció el reconocimiento de los derechos colectivos y la creación del Estado Plurinacional y las Autonomías indígenas. Por su parte, Ecuador constitucionalizó los Derechos de la Naturaleza y estableció un Plan del Buen Vivir que apuntaba a la salida del modelo primario-exportador, acompañando esto con la propuesta innovadora como la de dejar parte del petróleo bajo tierra (Iniciativa Yasuní).

En 2015, las promesas de generar “otros modelos de desarrollo” parecen ya muy lejanas. Así, en Bolivia, el 9 de agosto pasado, el vicepresidente Alvaro García Linera, connotado intelectual y sociólogo, fustigó con una retórica virulenta a cuatro ONG nacionales, a las cuales trató de mentirosas, amenazándolas con expulsarlas del país (sic), debido a que sus informes contradicen el discurso oficial (pues muestran el avance del agronegocio), o bien porque defienden las comunidades indígeno-campesinas frente a la expansión del extractivismo (así, acusó a una de estas ONG de hacer “trotskismo verde”).

Días más tarde, con un conjunto de intelectuales, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, el ecuatoriano Alberto Acosta y la expareja del vicepresidente, la mexicana Raquel Gutiérrez, y varios argentinos (Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Rubén Lo Vuolo y la autora de esta nota, entre otros), enviamos una carta abierta a García Linera rechazando las descalificaciones y amenazas, las que de concretarse, implicarían una violación de los derechos civiles y, por consiguiente, un enorme retroceso para la democracia boliviana. En dicha carta, de gran circulación en Bolivia, subrayamos también que “la disidencia o la crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión política e intelectual; esto es, con más democracia”. García Linera contestó con otra carta, la cual si bien abre a una discusión pendiente sobre extractivismo y modelos de desarrollo, insiste en que las ONG en el banquillo mienten y que no fueron amenazadas de expulsión, sino de defender “los intereses de la derecha política internacional”.

La posición de García Linera tiene antecedentes. Así, en 2011, cuando el gobierno de Evo Morales generó el conflicto en el Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure), por la construcción de una carretera, García Linera escribió un libro, Geopolítica de la Amazonía (2012) donde criticaba el “ambientalismo colonial” y demonizaba las ONG y las agencias de cooperación (situándolas en el mismo plano) así como a diversas organizaciones indígenas históricas que se habían opuesto a dicha carretera.

En Ecuador, la situación es de mayor gravedad, pues los dichos y amenazas suelen convertirse en hechos. Así, el pasado 13 de agosto tuvo lugar una importante marcha liderada por la Confederación Nacional de Pueblos Originarios del Ecuador (Conaie), la que terminó –como sucede en los últimos tiempos en ese país– en represión. En la misma fue golpeada la periodista franco-brasileña Manuela Picq, residente desde hace 8 años en el país, donde es profesora universitaria y pareja de un líder indígena. Mientras estaba en el hospital, Manuela Picq se enteró de que su visa había sido cancelada y que estaba obligada a abandonar el país. Finalmente, gracias a la solidaridad nacional e internacional, Picq no fue deportada.

Tampoco es la primera vez que el gobierno de Rafael Correa lleva a cabo este tipo de acciones, que lo colocan muy lejos de la idealización política e intelectual que se ha venido haciendo de los gobiernos progresistas, por ejemplo, en la Argentina. En 2009, Correa despojó de su personería jurídica a la reconocida ONG Acción ecológica, pero tuvo que retroceder frente al rechazo internacional. En diciembre de 2013 expulsó del país a la Fundación Pachamama, y en 2014, canceló súbitamente la visa de Oliver Utne, consultor de origen estadounidense (yerno de Alberto Acosta, reconocido economista y político opositor) que debió abandonar el país. Por otro lado, el carácter autoritario del gobierno de Correa tiene su correlato en la creciente criminalización de estudiantes y organizaciones indígenas-campesinas que luchan contra el extractivismo, hay más de 200 personas procesadas (varias de ellas, bajo la figura de terrorismo).

¿A qué se debe el corrimiento político en estos países, impensable unos pocos años atrás? Desde mi perspectiva, hay dos inflexiones mayores que ayudan a explicarlo: por un lado, la acentuación del extractivismo; por otro lado, el retorno del populismo. En primer lugar, asistimos al fin de las llamadas “tensiones creativas” propias del comienzo de ambos gobiernos y a la consolidación de una política netamente extractivista que colisiona con los derechos consagrados por las constituciones, reclamados por las organizaciones indígenas y ecologistas. Con ello, Bolivia y Ecuador traicionaron sus promesas políticas originales de Buen Vivir y respeto a la Naturaleza y lejos de alentar cualquier escenario de transición y salida del extractivismo, hoy proceden como cualquier otro gobierno latinoamericano, promoviendo la expansión de las fronteras del capital y la exportación masiva de commodities, a través de la multiplicación de megaproyectos extractivos (minería, expansión de la frontera petrolera, soja, entre otros).

En segundo lugar, este proceso significó una estigmatización creciente de la narrativa indigenista y ecologista, desplazada por la narrativa populista, donde convergen visión estatalista y culto al líder, bajo esquemas hiperpresidencialistas. Asistimos así al retorno de un populismo de alta intensidad, asociado al ejercicio de la política como permanente confrontación entre dos polos antagónicos (el nuevo bloque popular versus oligarquía, medios de comunicación dominantes y el “ambientalismo colonial” o el “ecoterrorismo”). La inflexión no es menor, pues el populismo, como fenómeno político complejo y contradictorio, presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos y no democráticos. Tarde o temprano, ello hace que nos preguntemos sobre el tipo de hegemonía que se va construyendo en esa tensión peligrosa entre una concepción plural y otra organicista de la democracia; entre la inclusión de las demandas y la cancelación de las diferencias. Los dos hechos reseñados, aunque revisten una gravedad diferente (Ecuador está varios pasos adelante), forman parte de esta tentación de corrimiento de las fronteras.

Por último, no es lo mismo hablar de nueva izquierda latinoamericana que de populismos del siglo XXI. En el pasaje de una caracterización a otra algo importante se perdió, algo que evoca el abandono, sino la pérdida de la dimensión emancipatoria de la política y la evolución hacia modelos de dominación de corte tradicional, basados en el culto al líder y su identificación con el Estado.

Miembro de Plataforma 2012

Tomado de la Revista Ñ de Argentina